La ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, defendió ante la Comisión de Legislatura y Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados de la provincia el proyecto de Ley de Ciberseguridad impulsado por el Gobierno y que ya cuenta con media sanción. Mendoza es actualmente la única provincia de la Argentina que avanza en una norma integral destinada a proteger los sistemas informáticos, las infraestructuras críticas, los servicios esenciales y los datos de los ciudadanos.

La funcionaria estuvo acompañada por el subsecretario de Justicia, Juan Carlos Jaliff; el subsecretario de Tecnología Aplicada a la Seguridad, Leandro Biskupovich, y el director académico general de Cliclex, Rafael García Borda.

Durante la exposición, las autoridades explicaron los objetivos, el alcance y las distintas etapas previstas para la implementación del proyecto, que busca convertir la ciberseguridad en una política de Estado y garantizar su continuidad más allá de las distintas gestiones de gobierno.

La ciberseguridad como política de Estado

Durante su exposición ante los legisladores, la ministra destacó la importancia de establecer una estrategia provincial para proteger los sistemas tecnológicos de los que dependen servicios esenciales como la educación, la salud pública, el transporte y la energía. “Queremos que sea política de Estado la ciberseguridad, porque entendemos que la protección de los sistemas tecnológicos que sostienen infraestructuras críticas de las que dependen servicios esenciales, como la educación, como la salud pública, como el transporte, como la energía, es fundamental”, sostuvo.

En este sentido, remarcó que el Estado no está a salvo de sufrir ataques informáticos y planteó la necesidad de garantizar la continuidad de los servicios públicos ante eventuales incidentes. “Los sistemas no están exentos de esos ataques, necesitamos protegerlos, necesitamos que, si hay un ciberataque, que pueda haber continuidad en el servicio público, que no se suspenda el transporte público por un ataque, que una operación no se interrumpa porque un ataque dejó sin electricidad el sistema o sin un sistema electrógeno”, explicó.

La iniciativa permitirá establecer un diagnóstico sobre la situación de la provincia, generar un plan y comprometer al Estado con su cumplimiento. “De esta manera, generamos un diagnóstico certero de cómo estamos en materia de ciberseguridad, generamos un plan y nos atenemos y nos obligamos como estado a seguir ese plan, y esto es fundamental”, afirmó.

La ministra también vinculó la protección de los sistemas estatales con la prevención del ciberdelito y la protección de los ciudadanos frente a posibles estafas derivadas del robo o exposición de información personal. “En la medida que nosotros somos eficientes como estado protegiendo estos sistemas, protegiendo los datos, y evitamos que un ciberdelincuente, por ejemplo, acceda al registro de vacunación que tiene una persona y que ese registro, esa información se venda en la deep web, en la dark web. También protegemos al ciudadano”, sostuvo.

La funcionaria explicó que esa información puede ser utilizada posteriormente para desarrollar maniobras de ingeniería social y engañar a las víctimas. “Entonces, si bien esto tiene que ver con los sistemas y las infraestructuras críticas y los servicios esenciales del Estado, también tiene su relación con el ciberdelito. Queremos ser menos vulnerables en todos los aspectos, queremos que esto sea política de Estado y por eso esta norma”, afirmó.

Una estrategia transversal para todo el Estado

La ministra explicó que los distintos organismos públicos ya cuentan con mecanismos propios de seguridad informática, pero planteó la necesidad de establecer criterios comunes para toda la estructura estatal. “Cada organismo, cada ministerio, cada organismo del Estado en general tiene su sistema de seguridad informática y demás. Pero, bueno, creemos justamente que este plan tiene que ser único, tiene que ser transversal a todos los organismos, tiene que tener reglas claras para todos los organismos, porque podemos tener un organismo que lo trabaje bien, pero otro que no”, señaló.

En este marco, Biskupovich destacó las tareas realizadas para elaborar el proyecto y la participación de especialistas y universidades. “No hay hoy provincia que tenga una ley de este tipo”, explicó.

El subsecretario señaló que el Gobierno provincial trabajó con la comunidad técnica a partir de la White Hat Conference realizada en Mendoza y también con el ámbito académico, principalmente con la Universidad Tecnológica Nacional. “No nos cerramos nosotros solos en el Ejecutivo, sino que hicimos mesas amplias con la comunidad técnica a partir de la White Hat Conference, que se hizo en la provincia este año”, explicó.

A partir de ese trabajo, destacó que los aportes de especialistas y universidades fueron incorporados al proyecto de ley.

Tecnología para fortalecer la prevención del delito

Biskupovich también destacó que la incorporación de tecnología busca fortalecer las capacidades de la Policía de Mendoza para anticiparse al delito y mejorar la respuesta investigativa. “La idea es esa, es darle más herramientas a nuestra policía para que pueda estar siempre un paso adelante del delincuente, y en el momento que se cometa el delito, poder esclarecer lo más rápido posible”, sostuvo.

En este marco, explicó que la Provincia se encuentra en un proceso de compra de nuevas cámaras y destacó el desarrollo de herramientas como el reconocimiento facial y el reconocimiento automático de patentes. “Hoy estamos también en un proceso de compra de nuevas cámaras, justamente para hacer este tipo de cosas, de reconocimiento facial, que también somos la única provincia hoy que lo tiene regulado y que lo tiene implementado a nivel técnico”, señaló.

También destacó los resultados obtenidos con el reconocimiento automático de patentes. “Reconocimiento automático de patentes que hoy ya maduró el sistema, nos está dando muchísimos resultados, y ya también hay provincias que vienen a copiar esos modelos”, afirmó.

El respaldo de especialistas al proyecto

Rafael García Borda, director académico general de Cliclex, destacó el trabajo desarrollado junto al Gobierno de Mendoza en prevención y capacitación sobre ciberdelito y valoró el avance del proyecto como marco regulatorio. “Lo que arrancó como un proyecto, hoy ya es una política de Estado, pero faltaba este marco regulatorio, que es el plan de ciberseguridad, la ley de ciberseguridad, para que ello traiga aparejados estándares obligatorios para municipios, para organismos públicos y para toda la sociedad en general”, sostuvo.

El especialista remarcó que la ciberseguridad alcanza a toda la ciudadanía y consideró que contar con una estrategia integral permite fortalecer la protección frente a eventuales ataques. “La ciberseguridad es un problema que afecta a todos los ciudadanos, y poder prevenir y poner sobre la mesa un plan integral de ciberseguridad da mayor seguridad jurídica a todos, principalmente a la ciudadanía”, afirmó.

Además, destacó la importancia de la capacitación como parte de la estrategia para reducir los riesgos. “Muchas veces ocurre por el eslabón más débil, que es el ser humano. Entonces, este plan que trae aparejada también la capacitación, va a servir para mitigar y para tener un plan de mejora continua en caso de que eso ocurra”, explicó.